De acuerdo a información de la Comisión Nacional de Riego, la semana pasada se aprobó la extensión por un año de la actual Ley 18.450, tras la extensa discusión de la iniciativa presentada por el Gobierno en marzo para extender el fomento a las obras de riego y drenaje por doce años, que no ha sido aprobada. Entre los principales cambios que se busca incorporar están potenciar los proyectos de pequeños agricultores, evitar que grandes empresas puedan optar al subsidio estatal e incorporar nuevos requisitos para la protección del medio ambiente.

En medio de la crisis económica de 1982, con la idea de generar empleos y desarrollar la agricultura luego del proceso de reforma agraria, el ingeniero civil Fernando Peralta redactó el primer borrador de la Ley 18.450 para el fomento del riego y las obras de drenaje, como parte de una comisión que buscaba potenciar un uso más eficiente del agua, recuerda hoy, y que permite que el Gobierno destinara recursos económicos para cumplir con ese objetivo.

Si bien la iniciativa fue creada para un período inicial de diez años, promulgándose en 1985, se ha prorrogado en dos ocasiones (ver infografía) y estuvo vigente hasta el 4 de diciembre de este año. Debido a la necesidad de abordar los nuevos desafíos que enfrenta el sector en materia hídrica y medioambiental, a comienzos de este año el Gobierno presentó un proyecto de ley para extenderla por 12 años, lo que hasta ahora no ha sido aprobado. Sin embargo, dado el impacto a nivel agroprodutivo, para permitir que la Comisión Nacional de Riego (CNR) pueda seguir asignando recursos mientras se discute en profundidad la renovación de la ley, la semana pasada se aprobó extender por un año la vigencia del texto actual, medida que se votó dentro de la ley de reajuste salarial del sector público.

‘La Ley de Riego ha sido el instrumento más importante desarrollado en Chile para mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores, fomentando la gestión de riego e incrementando la productividad, y transformándonos en una potencia agroalimentaria de clase mundial, altamente reconocida y prestigiada en todo el mundo’, destaca el presidente de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje (Agryd), Walter Frindt.

Con aportes por más de $643 mil millones solo en los últimos diez años, que han permitido incorporar sistemas de riego tecnificado a 190 mil hectáreas y mejorar casi 1.500 kilómetros de canales en diferentes regiones (ver infografía), al impacto productivo que ha generado la iniciativa hoy se suma la necesidad de incluir medidas para favorecer a los pequeños y medianos agricultores, fortalecer la capacitación e incorporar requisitos que resguarden el cuidado del medio ambiente, lo que seguirá en discusión en el Congreso.

De hecho, la ley que se aplica hoy no es la aprobada en 1985. ‘La ley ha sufrido muchos cambios cuando ha tenido que renovarse y también ha tenido cambios menores casi todos los años. Ha habido un perfeccionamiento permanente y continuo de la ley en su aplicación y en los tipos de ayuda que entrega, lo que ha nacido de un análisis y una reflexión de lo que sucede’, asegura Fernando Peralta, quien preside la Confederación de Canalistas de Chile, que reúne a las principales organizaciones de usuarios de aguas.

Cuestionamientos

Los cuestionamientos a la ley en discusión surgen principalmente por el destino que tuvieron muchos de los recursos entregados. Un estudio de la Fundación Terram, elaborado en base a datos entregados por la CNR, muestra que, entre 2010 y 2020, un pequeño grupo de empresas agrícolas grandes han obtenido el subsidio de la Ley de Riego más de diez veces, mientras que la mayoría de los beneficiarios lo han recibido solo una vez, lo que genera críticas sobre la focalización en la entrega de los recursos.

‘Los grandes beneficiados han sido las agroexportadoras y conglomerados que han utilizado algunos vicios de la ley, que permite que se hagan pasar por agricultores más pequeños y se adjudiquen varias veces los subsidios’, explica la geógrafa de la Fundación Terram, Fernanda Miranda.

Precisamente, para solucionarlo fue que el proyecto presentado este año para prorrogar la Ley 18.450 considera limitar el subsidio a quienes tengan hasta 200 hectáreas de riego ponderado, tomando en cuenta la superficie total que puedan sumar sociedades matrices y sus filiales, para enfocarlo en el apoyo a la pequeña y mediana agricultura.

‘Buscamos limitar a los grandes agricultores para que tecnifiquen sin subsidios del Estado, y para los que tienen entre 80 y 199 hectáreas, que puedan acceder solo al 2% de los recursos anuales de la ley, con lo cual estaremos llevando el 98% de los recursos a los productores de menos de 80 hectáreas’, dice Federico Errázuriz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego.

Sin embargo, en la Fundación Terram van más allá y plantean que es necesario reformular la estratificación de los beneficiarios y no considerarlos en base a la superficie de riego, que podría ser subdividida en los proyectos para poder acceder al beneficio estatal, y pasar a definirlo de acuerdo con el tamaño de la empresa que figura ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Otro de los temas por zanjar en la discusión parlamentaria es la extensión que tendría la nueva prórroga de la ley, ya que en un escenario de cambio climático y donde se discute la elaboración de una nueva Constitución, donde el agua es uno de los temas clave, el plazo de 12 años es considerado muy extenso por algunos sectores.

‘El Ejecutivo se abrió y planteó un plazo de siete años, pero no se ha logrado un acuerdo, ya que algunos siguen considerando que es mucho. Sin embargo, esta ley es un marco y entrega la facultad de focalizar los recursos en distintas áreas y hacer ajustes’, señala Federico Errázuriz.

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Fuente: SIMFRUIT