El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, detalló el trabajo que están desarrollando en el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa para abordar la sequía que afecta al país. En esa línea, acusó "desidia estatal" por las localidades que no cuentan con agua potable y no descartó la instalación de plantas desaladoras en la zona centro sur.

En su visita a la región del Bío Bío, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, abordó la problemática de la sequía y los desafíos para revertir la escasez hídrica. Entre ello está el trabajo del Comité Interministerial de Transición.

La autoridad de Gobierno, en conversación con Radio Bío Bío, indicó que de los 350 municipios, 263 están con declaración de Emergencia Agrícola.

Si bien en este 2022 se han registrado un poco más de lluvia, en los últimos dos años en Bío Bío y Ñuble se reportó la mitad del rango histórico de precipitaciones. Situación que se agudiza en el valle central, donde el promedio está en 200 milímetros, que es menos de la mitad de las cifras históricas.

“La provincia de Bío Bío, Itata y zonas de Arauco, históricamente también por desidias estatales, son las zonas que tienen menos viviendas con agua potable asegurada en el hogar y por eso lo de los aljibes en Trehuaco y los problemas en la precordillera”, precisó.

Valenzuela cuestionó la política de Desarrollo Rural de Sebastián Piñera porque se estableció la voluntariedad en los consejos de cuencas.

“A pesar de la gigantesca sequía y de la crisis de Petorca, Aconcagua, Choapa, Limarí, no hay ninguna comunidad de acuíferos en que se junten las mineras, los grandes productores agrícolas, las sanitarias a cargo, que permitan que los sistemas de agua potable rural estén en ese sistema”, aseguró.

“DGA nunca ha dado el ancho en fiscalizar”

En esa misma línea, añadió que por instrucción del Presidente Gabriel Boric, seis ministros están trabajando activamente en un Comité de Transición Hídrica Justa, donde le propondrán a los gobiernos regionales la instalación de cuencas obligatorias y operativas.

Para ello, agregó que debe haber claridad respecto a cuánto gasta cada actor, porque, a su juicio, “la DGA (Dirección General de Aguas) nunca ha dado el ancho en fiscalizar los derechos de agua. Hay muchas perforaciones por todas partes, irregulares y desesperadas por gente que se ha visto sin agua”.

A eso se suma una política de pequeños y medianos embalses. Esto porque, según explicó, “sabemos que los grandes embalses tienen severos cuestionamientos ambientales, pero también de operatividad”.

El ministro tampoco descartó instalar plantas desaladoras en la zona central del país, aseverando que en Iloca -Maule- se inauguró una.

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